La Ley REP establece que los productores de ciertos bienes, como neumáticos, envases, baterías, aceites y electrodomésticos, son responsables del manejo de los residuos generados por sus productos una vez que han cumplido su vida útil. En el contexto de las compras públicas, esta ley implica que el Estado debe priorizar la compra de productos de empresas que cumplan con los estándares de la Ley REP, es decir, aquellas que se responsabilizan por la recolección, reciclaje y disposición final adecuada de los residuos que generan sus productos. La Ley REP fomenta una economía circular, donde los residuos se minimizan y los materiales se reutilizan en la mayor medida posible. Esta norma impulsa a las empresas a innovar en el diseño y la producción de sus bienes para reducir el impacto ambiental, lo que está alineado con los objetivos de sustentabilidad del “Estado Verde”. Para el Estado, incorporar criterios de la Ley REP en sus compras pública significa promover una cultura de consumo responsable y sostenible.
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