El concepto de «Estado Verde» forma parte de una estrategia nacional para integrar criterios de sostenibilidad y respeto al medioambiente en las compras públicas. A través de esta iniciativa, se busca que las instituciones del Estado adquieran productos y servicios que tengan un impacto ambiental reducido, considerando factores como la eficiencia energética, el uso de materiales reciclables, el bajo consumo de recursos naturales y la huella de carbono asociada a su fabricación, transporte y uso. Al priorizar bienes y servicios sostenibles, el Estado busca ser un modelo de buenas prácticas ambientales, alineándose con los compromisos internacionales de Chile, como la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. De esta manera, el «Estado Verde» no solo tiene un impacto positivo en el entorno natural, sino que también incentiva a las empresas privadas a adoptar prácticas más sostenibles para poder competir en el mercado de compras públicas.