Estos conceptos se enmarcan en un contexto más amplio de modernización de la Ley de Compras Públicas N° 19.886, que rige los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en Chile. La modernización de esta ley tiene como objetivo no solo optimizar los procesos de compra, haciendo que sean más transparentes y eficientes, sino también incorporar criterios de responsabilidad social y ambiental. Esto incluye la implementación de herramientas digitales, mayor transparencia en los procesos, y la incorporación de criterios de sostenibilidad y equidad de género en las compras. Al incluir iniciativas como el «Estado Verde», el «Sello Mujer» y la Ley REP, esta modernización busca que las compras públicas contribuyan activamente a los objetivos de desarrollo sostenible del país, promoviendo la innovación, el respeto al medioambiente y la equidad en el acceso a oportunidades económicas.
En resumen, la modernización de la Ley de Compras Públicas refuerza el compromiso de Chile con un futuro más justo y sustentable, donde el Estado, a través de sus decisiones de compra, lidera el cambio hacia un desarrollo económico que favorece tanto a las personas como al planeta.